COMBATE A LA FACTURACIÓN Y DEDUCCIÓN DE OPERACIONES SIMULADAS.


COMBATE A LA FACTURACIÓN Y DEDUCCIÓN DE OPERACIONES SIMULADAS.

Por: Valeria Itzel Vázquez Miguel, Abogada.

Es posible considerar evasión fiscal a la omisión o incluso el retraso en el pago de las contribuciones a las que se encuentra obligado el gobernado. En el espectro de dicha omisión podemos encontrar desde la simple falta de pago hasta la manipulación deliberada y fraudulenta de la información fiscal del contribuyente para obtener un beneficio que no le es debido y con ello evitar el cobro o disminuir el monto de una contribución que debe realizar.

En ese orden de ideas, una forma de evasión fiscal que encuadra en este último supuesto es la compra y venta de facturas falsas, realizadas por Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).

A efecto de detectar y sancionar a dichas empresas, el 1 de enero de 2014, se añadió al Código Fiscal de la Federación, el artículo 69-B, el cual ordena que cuando la autoridad fiscal advierta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales sin tener los activos, personal, infraestructura o capacidad material, para realizar las actividades que amparan dichos comprobantes o bien no se le localice, se presumirá que no existen las operaciones contenidas en ellos.

Cuando esto suceda la autoridad publicará un primer listado en el Diario Oficial de la Federación y dará aviso al contribuyente mediante buzón tributario para que realice manifestaciones y ofrezca pruebas tendientes a desvirtuar los hechos manifestados por la autoridad.

Si los contribuyentes no desvirtúan dichas presunciones, aparecerán en el listado publicado en el portal del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación y el efecto será que los comprobantes fiscales que dicho causante haya emitido no producen, ni producirán ningún efecto fiscal.

Desafortunadamente es una práctica muy común, tan solo en el 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha incluido 693 empresas a la lista de empresas que realizan operaciones fiscales simuladas.

En aras de combatir y eliminar esta práctica en octubre de 2019 se aprobó la reforma penal que ubica a la defraudación fiscal dentro de los delitos considerados delincuencia organizada, considerándolos amenazas a la seguridad nacional. Específicamente por lo que hace a la compra y venta de facturas que amparen operaciones inexistentes impone una pena de hasta nueve años de prisión, según el monto del que se trate, pudiendo incluso ameritar prisión preventiva oficiosa.

Convirtiendo así a México en el único país de la OCDE que tiene tipificada la evasión fiscal como delincuencia organizada, cuestión que ha sido considerada una decisión equivocada porque ahuyenta la inversión extranjera, pues los empresarios se sienten amenazados ante consecuencias jurídicas desproporcionadas.

Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha sostenido que apoya que se investigue y sancione a las empresas que facturan o deducen operaciones simuladas, sin embargo, ha dicho que la regulación contiene muchos elementos que mantienen en estado de indefensión a los empresarios.

Por su parte, Mario Correa, vicepresidente del Comité Nacional de estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de las Finanzas, ha manifestado su preocupación respecto a que, con esta regulación, los empresarios quedan desprotegidos, pues la SHCP hace las veces de “juez” y “parte”.

Uno de los elementos de la regulación que ha sido criticado, es el relativo a que los contribuyentes que a juicio del SAT simulen operaciones con el objeto de erosionar su base gravable, son “exhibidos” en un primer listado público, hasta que logren desvirtuar dichas acusaciones o bien, en caso contrario, aparezcan en el listado definitivo al respecto, lo cual ha sido calificado como una violación al principio de presunción de inocencia.

Una preocupación común entre juristas y miembros de la iniciativa privada es que, un error cometido por un contribuyente podría colocarlo en el supuesto de ser considerado alguien que factura o deduce operaciones simuladas y, en consecuencia, parte de la delincuencia organizada, lo que ha calificado como “desproporcionada” a la regulación en comento.

 

 

 

 

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