LOS CRÉDITOS INCOBRABLES A LA LUZ DE LA REFORMA FISCAL 2022.


LOS CRÉDITOS INCOBRABLES A LA LUZ DE LA REFORMA FISCAL 2022.

Por Jorge C. Morales de la Rosa, Abogado.

 

En el paquete económico y reformas fiscales referentes al año 2022, presentado por el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, se contemplan reformas a las siguientes leyes: Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley de Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación y Ley Federal de Derechos.

Dentro de los cambios propuestos a la Ley de Impuesto sobre la Renta (“LISR”), se pretende reformar el artículo 27 fracción XV, inciso b), por lo que hace a la deducción de créditos incobrables, que si bien la modificación de la redacción pudiera parecer menor, tiene implicaciones importantes que toman gran relevancia ante la situación económica actual del país derivado del SARS-CoV-2 (“COVID”).

Actualmente la mecánica de deducción por pérdidas de créditos incobrables tiene diversos supuestos, a saber:

  • Se deducen en el mes en que se consuma el plazo prescripción de acuerdo con el acto del cual deriva dicho crédito incobrable;
  • O en su caso, antes, si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro.

Sin embargo, el inciso b), de la fracción XV, del artículo 27, de la LISR, se establece qué debe entenderse por notoria imposibilidad práctica de cobro, determinando así los siguientes supuestos:

  • Si son créditos que no exceden 30,000 UDIS, hay imposibilidad práctica de cobro en el mes en que se cumpla el año de haber incurrido en mora;
  • Si son créditos mayores a 30,000 UDIS, hay imposibilidad práctica de cobro cuando el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial el pago del crédito o se haya iniciado un procedimiento arbitral para su cobro y
  • Que el deudor haya sido declarado en quiebra o concurso.

La reforma que se propone va encaminada en el siguiente sentido:

Como se puede apreciar de la redacción de dicho precepto, se modifica lo que se debe entender por imposibilidad práctica de cobro, respecto a los créditos que sean mayores a 30,000 UDIS. Con la reforma se establecen mayores requisitos para su deducibilidad, debido a que será necesario ya no solo el demandar en tribunales el pago del crédito (ya que actualmente con la presentación de la demanda se puede deducir); sin embargo, ahora se establece que los contribuyentes deberán obtener una resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que se demuestre haber agotado las gestiones de cobro o en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable.

Si bien es cierto que, la modificación parece menor, en la práctica acarrea una serie de implicaciones legales considerables, sobre todo en el tema de costos y plazos.

En ese sentido, pongamos la reforma un poco en contexto, generalmente las vías que tienen los acreedores para exigir el pago de sus créditos es la vía civil o mercantil, estas vías se inician con la presentación de la demanda con lo cual se cumple actualmente con el requisito de la LISR, ahora bien, de aprobarse la reforma sería necesario obtener una resolución definitiva, debiendo seguirse todas las instancias para demostrar haber agotado las gestiones de cobro, grosso modo los procedimientos y plazos genéricos en estas vías son las siguientes:

  1. Primera instancia de 6 a 12 meses.
  2. Segunda instancia de 6 a 12 meses.
  3. Amparo de 6 a 12 meses.
  4. Recurso de revisión de 6 a 12 meses.
  5. Incidente de ejecución de sentencia de 6 a 8 meses.
  6. Remate judicial de 12 a 18 meses.

Este tipo de plazos son aproximados y no toman en cuenta los posibles recursos o apelaciones adicionales interpuestas por las partes en las diversas etapas del juicio, lo cual lo haría más tardado.

Es así como para lograr la obtención de una resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que se demuestre haber agotado las gestiones de cobro, tomaría un período aproximado de entre 6 a 10 años en lograrse, la realidad es que en la práctica puede resultar mucho mayor.

Ahora bien, la situación económica actual no es la ideal, las deudas tanto personales como empresariales, se dispararon debido a las dificultades económicas como consecuencia del COVID.

El presidente de la CNBV, señaló en la 84° Convención Bancaria que a enero de 2021 alrededor de 60,000 millones de pesos corresponden a castigos de cartera para créditos incobrables y cerca de 47,0000 millones de pesos están en cartera vencida, es decir, que están atrasados en el pago al menos un mes. Los créditos al consumo a enero de 2021 registraron un índice de morosidad del 12%.

Por lo cual, se puede concluir, que en virtud de lo anterior, de aprobarse la reforma al artículo 27 fracción XV, inciso b) de la LISR, volvería más difícil para los contribuyentes el poder efectuar la deducción de sus cuentas por notoria imposibilidad práctica de cobro de créditos mayores a 30,000 UDIS, situación que se puede ver agravada si tomamos en cuenta que el índice de morosidad en los próximos años puede ir en aumento como consecuencia de la situación económica del país a raíz del COVID.

 

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