PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA: ¿SUFICIENTE COMO PARA JUSTIFICAR UN DEBATE HISTÓRICAMENTE EVITADO?


PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA: ¿SUFICIENTE COMO PARA JUSTIFICAR UN DEBATE HISTÓRICAMENTE EVITADO?

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVALIDEZ DE SU OBSERVANCIA EN LOS DELITOS DE CONTRABANDO, DEFRAUDACIÓN FISCAL Y LOS RELACIONADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES FALSOS.

Por: Eduardo Madrigal Aguirre.

  1. Resumen ejecutivo y opiniones de la determinación de la SCJN.

Derivado de la sesión del Tribunal Pleno del 25 de octubre de 2021, la SCJN, en un análisis de las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, promovidas por la CNDH e integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, donde se demandaba la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación, reformados y adicionados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 8 de noviembre de 2019, al efecto estimó:

  • La validez del proceso legislativo del que surge el decreto en comento.
  • Que los artículos 5 XIII de la Ley de Seguridad Nacional en relación con el artículo 167 párrafo séptimo I, II y III del CNPP son inconstitucionales, toda vez que, por un lado, declaran que son amenazas a la seguridad nacional los delitos contra el fisco federal y por otro, que precisamente los delitos de contrabando, defraudación fiscal y equiparables, así como los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen actos jurídicos simulados ameritan prisión preventiva oficiosa.

En relación con el segundo de los puntos descritos, varios fueron los argumentos que las y los ministros vertieron en algo ya sabido por la comunidad jurídica, los cuales me permito interpretar y exponer:

  1. Argumentos orgánicos: son preceptos inconstitucionales debido a que el legislador se extralimita al colocar al contribuyente como un potencial quebrantador de la seguridad nacional (es decir, bastaba con analizar la regulación de dicho valor en la Ley de Seguridad Nacional, así como los demás supuestos en los que se entiende que se atenta contra esta, para entender la incoherencia y nula relación de unos supuestos con otros). Asimismo, como legislador no constitucional, tampoco está facultado para estimar que ciertos tipos penales pueden adherirse al catálogo (limitativo) de delitos que ameritan esta medida cautelar oficiosa (ya de por sí gravosa y que por sí misma atenta contra la presunción de inocencia, libertad, entre tantos más derechos fundamentales).
  2. Argumentos sustantivos: son preceptos inconstitucionales y además inconvencionales, ya que de la redacción vigente del artículo 19 segundo párrafo de la CPEUM y de la jurisprudencia emitida en el ámbito interamericano, esta institución debiera tenerse como excepcional y solamente imponerse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes en los supuestos previstos por la norma constitucional: para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

En otras palabras, para tales delitos (y en los casos transcritos) puede interpretarse la posibilidad de ser solicitada por el Ministerio Público la prisión preventiva justificada, y ya no así operar de pleno derecho la prisión preventiva oficiosa, medida de lo más cuestionada, ya que el catálogo para ella previsto, en lugar de encaminarse a la baja, continúa en aumento, generándose con ello nuevos enemigos de Estado, lo cual es insostenible no solo desde el punto de vista jurídico, sino también político.

  1. Prisión preventiva oficiosa: solamente la justificación.

Es momento de que la SCJN debata y resuelva sobre la posibilidad de adherirnos a un criterio que soporte la inconstitucionalidad de reformas constitucionales, así como la inconvencionalidad de restricciones constitucionales, lo que no solamente incidiría en la medida cautelar sobre la que se basa la crítica del presente artículo, sino en varias más disposiciones que pueden generar distorsiones en cuanto a lo que buscan y lo que verdaderamente terminan representando para los sujetos de la norma.

Considero que el periodo de transición sobre el que la Corte ha sostenido funciones de verdadero Tribunal Constitucional ha dejado precedentes suficientes como para tomar partido en lo trascendente, precedentes de los cuales pueden advertirse criterios optimistas que se enuncian a continuación:

  • Amparo en revisión 2996/96. Estima procedente la acción de amparo entablada contra el procedimiento observado para la reforma de un precepto de la CPEUM.
  • Amparo en revisión 186/2008. Se precisa que, si el Poder Reformador es un poder limitado y sujeto a las normas de estricta legalidad previstas por la CPEUM, también es factible admitir que se pueden prever medios de control sobre estos actos que operan fuera de toda normatividad constitucional.

Es cierto también que debe caber la prudencia sobre los anteriormente citados, pues si bien es verdad, hay postura alentadora, igualmente podemos afirmar que se ha argumentado y puede argumentarse en sentido contrario. Sin embargo, desde la trinchera en la cual nos encontramos, podemos advertir excusas (o más bien, justificaciones) para orientar un tema que nos lleve a prever un criterio y con ello medidas de regularidad constitucional que encaminen a pensar en una justicia constitucional integral en el ordenamiento jurídico mexicano, y es así como siendo un debate contemporáneo, la figura de la prisión preventiva oficiosa (o cualquier otra cuestionada) puede ser esa dirección sobre la cual la Corte zanje una posición definitiva, que reiteramos, urge conseguir.

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