BENEFICIARIO CONTROLADOR: OBLIGACIONES FISCALES, SANCIONES Y DESAFÍOS


BENEFICIARIO CONTROLADOR: OBLIGACIONES FISCALES, SANCIONES Y DESAFÍOS

 

Por: Jorge C. Morales de la Rosa y Eduardo Madrigal Aguirre.

A partir de la reforma fiscal 2022, entraron en vigor ciertas modificaciones y adiciones al Código Fiscal de la Federación (CFF), mismas que se vieron reflejadas en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para este ejercicio. La incorporación a la legislación tributaria que abordaremos es la que respecta a la institución del Beneficiario Controlador, la cual se encontraba regulada desde 2011 en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

El presente artículo pretende brindar un resumen de las obligaciones y sanciones derivadas de la incorporación de dicha institución en materia fiscal, así como los desafíos que supone la regulación que se prevé en torno a ella.

I.  Concepto

De conformidad con el artículo 32-B Quáter del CFF, el Beneficiario Controlador es la persona física o grupo de personas físicas que:

  1. Obtiene(n) el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica directamente, o por medio de otras personas;
  2. Ejerce(n) en última instancia derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de bienes o servicios o en cuyo nombre se realiza una transacción, aún de forma contingente;
  3. Ejerce(n) el control de una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, directa o indirectamente, o de forma contingente y,
  4. En los Fideicomisos: el fideicomitente(s), el fiduciario(s), el fideicomisario(s), así como cualquier otra persona(s) involucrada(s) y que ejerza(n) en última instancia, el control efectivo en el contrato, incluso de forma contingente.

 

II.  Obligaciones derivadas de la institución.

De las disposiciones legales aplicables, se desprenden dos segmentos obligacionales: (i) Por un lado, las obligaciones de obtener, conservar y mantener actualizada (como parte de la contabilidad) la información fidedigna y completa del Beneficiario Controlador y, por otra parte, (ii) proporcionar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o bien, a las autoridades fiscales extranjeras (siempre que medie un tratado internacional que así lo disponga en términos de lo previsto por la ley) dicha información, previa solicitud.

En virtud de lo anterior, la información fidedigna y completa que en cuyo caso deberá obtenerse, conservarse, actualizarse y proporcionarse, se traduce en los datos generales que permitan identificar e individualizar a los Beneficiarios Controladores, así como el grado y alcance de su participación; dicha información varía dependiendo de si existe o no una cadena de titularidad o control en la figura jurídica correspondiente, de conformidad con la regla 2.8.1.22 (y demás aplicables) de la RMF.

III.  Sujetos obligados.

Las personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, partes contratantes o integrantes de figuras jurídicas, terceros relacionados con ellos, notarios públicos, corredores públicos, así como cualquier otra persona que intervenga en la constitución de dichas situaciones jurídicas; entidades financieras e integrantes del sistema financiero, se encuentran obligados a obtener, conservar, actualizar y proporcionar la información de sus Beneficiarios Controladores en la forma y términos que el SAT determine a través de reglas de carácter general.

IV.  Sanciones por incumplimiento.

Fundamento legal Acto sancionado Sanción
 

 

 

84-M I y 84-N I CFF

No obtener, conservar o presentar la información. O bien, no presentarla en los medios, formatos o plazos previstos por el SAT/normas fiscales.  

De $1,500,000.00          hasta $2,000,000.00 (por cada Beneficiario Controlador)

 

 

84-M II y 84-N II CFF

 

No mantener actualizada la información de los Beneficiarios Controlares.

 

De $800,000.00 hasta $1,000,000.00 (por cada Beneficiario Controlador)

 

 

84-M III y 84-N III CFF

 

Presentar la información de forma incorrecta, inexacta, con errores o en forma distinta.

 

De $500,000.00 hasta $800,000.00 (por cada Beneficiario Controlador)

 

 

32-D CFF

Incumplir con las obligaciones de obtener, conservar, actualizar y proporcionar la información de los Beneficiarios Controladores. Se genera un impedimento para contratar con quienes reciban y ejerzan recursos públicos federales.

 V.  Desafíos.

  • Los sujetos obligados deberán adoptar procedimientos de control internos para identificar, verificar y validar adecuadamente la información relacionada con sus Beneficiarios Controladores, lo cual se traduce en una carga administrativa. Por lo que hace a las personas morales, dicha carga pudiere ser sencilla para empresas cuyos accionistas sean personas físicas directas; sin embargo, si se piensa en una empresa multinacional (cuya estructura es compleja dentro de su grupo), la labor se vuelve ardua.
  • El establecimiento de requisitos adicionales que se deben cumplir al momento de constituir personas morales, fideicomisos y otros vehículos jurídicos, supone un reto práctico para notarios y corredores públicos, los cuales deberán evitar que se ralenticen estos procesos, pues su eficiencia se traduce en incentivos a la inversión en México, lo que propicia desarrollo económico.
  • Derivado del estudio de la normatividad aplicable, si bien se prevé que la sanción por incumplimiento sea la imposición de una multa y el surgimiento de un impedimento en materia de contratación pública, no queda claro ni se delimita el alcance de otro tipo de responsabilidad que pudiere generarse. Asimismo, tampoco se aclaran los procedimientos para validar la información proporcionada, ni los mecanismos por los cuales, a juicio de la autoridad, pudiera considerarse falsa, incorrecta, inexacta o errónea, lo cual es preciso conocer para dar cumplimiento a un principio de seguridad jurídica.
  • Prever multas excesivas a manera de sanciones, resulta contrario al principio de proporcionalidad tributaria, siendo en sí misma, una reforma inconstitucional, pues no distingue entre contribuyentes con capacidad contributiva distinta.

 

VI.  Conclusiones.

Resulta evidente que estamos en presencia de una nueva carga administrativa que pudiere ser tan sencilla o compleja como la autoridad lo determine en la práctica de su implementación. Como múltiples nuevas regulaciones, su ambigüedad puede convertirse en un arma recaudatoria, pues queda su aplicación al arbitrio y buen criterio de las autoridades fiscales.

Incorporar a la legislación tributaria el concepto de Beneficiario Controlador, no es la medida idónea para alcanzar la finalidad buscada, toda vez que actualmente ya existen facultades de comprobación y medios con los cuales la autoridad puede allegarse de la información correspondiente para determinar quién efectivamente se beneficia a partir de las estructuras jurídicas mencionadas. Esta modificación parece ser un esfuerzo fallido por tropicalizar varios conceptos, entre ellos, el concepto de Beneficiario Efectivo contenido en los Convenios para evitar la doble imposición, así como el concepto de Beneficiario Final desarrollado en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

No pasa desapercibido que las disposiciones vinculadas con la reforma establecen a los sujetos obligados el deber de recabar la información como coadyuvantes en los ejercicios de las facultades de comprobación que competen a la autoridad como garante de la recaudación (quien, a decir verdad, es quien cuenta con el aparato administrativo idóneo de captación de recursos). Por lo tanto, transmitir a los contribuyentes estas labores o actividades, es una noción incomprendida de los compromisos internacionales por los que México se ha visto vinculado.

Si por algo debemos pugnar, es por un sistema jurídico fiscal congruente, el cual es imposible de alcanzar a partir de reformas coyunturales. En este caso, no contribuye a esta pugna una reforma que supone una carga administrativa adicional con tantos cuestionamientos, puesto que, al no ser clara ni precisa, se vuelve nugatoria, pudiendo convertirse en una obligación innecesaria para los contribuyentes, o simple letra muerta al cabo de unos años.

 

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