ESQUEMAS REPORTABLES, INICIATIVA DE REFORMA.


ESQUEMAS REPORTABLES, INICIATIVA DE REFORMA.

Una de las propuestas del Poder Ejecutivo para el paquete económico del Ejercicio Fiscal 2020, específicamente, en el Código Fiscal de la Federación es la adición de un nuevo Título Sexto denominado “De la Revelación de los Esquemas Fiscales” que busca principalmente que los asesores fiscales sean los obligados principales en brindar y/o revelar los esquemas reportables a la autoridad fiscal, entendiéndose éstos como cualquier plan, proyecto, asesoría o recomendación, que pueda generar directa o indirectamente, un beneficio fiscal al contribuyente y que tenga alguna de las características identificadas como áreas de riesgo.

Dicha iniciativa sostiene que el acceso oportuno a esa información permite que las autoridades respondan de manera rápida a los riesgos fiscales y hace posible detectar los esquemas que afectan directamente a las vulnerabilidades del sistema fiscal pues menciona que este tipo de regímenes fiscales han demostrado ser altamente eficaces en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica e Irlanda.

Asimismo, se prevé que, para la aplicación de este nuevo régimen, las autoridades fiscales mediante reglas de carácter general puedan establecer un umbral de minimis para efectos de determinar qué esquemas deben de ser reportables.

Con relación a esta propuesta, se pretende de igual manera implementar ciertas reglas de relevancia jurídica que le darán soporte a la iniciativa, mismas que se mencionan a continuación:

En primer lugar, se propone que los esquemas reportables se clasifiquen en generalizados (aquellos que busquen comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico) y personalizados (aquellos que se adaptan a las circunstancias particulares de cada contribuyente en específico).

Por otro lado, el SAT llevará a cabo un registro de asesores fiscales con el fin de mantener un control y verificar el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a las que deriven de este Título, por lo que se facultará a las autoridades fiscales para practicar visitas domiciliarias a los asesores a fin de verificar el debido cumplimento. Asimismo, se considera que estas obligaciones son de especial relevancia, por lo que se propone que en los casos de cumplimiento fuera de los plazos previstos, amerite una sanción, aún y cuando se haya cumplido de forma espontánea. Se estima que la importancia de este régimen es de tal magnitud, que la sanción debe ser lo suficientemente alta para evitar que se incumpla deliberadamente por ser mayor el beneficio obtenido que la sanción a pagar.

De igual forma, se prevé que los asesores fiscales presenten una declaración informativa en el mes de febrero de cada año que contenga una lista con los datos relevantes de sus clientes.

Hay que mencionar, además, que se plantea la creación de un Comité Especializado, integrado por miembros de la SHCP y del SAT, para que de forma conjunta analicen el esquema reportable y emitan una opinión respecto a su validez o invalidez dentro de un plazo máximo de 8 meses, teniendo en todo momento la obligación de tratar la información revelada con confidencialidad y en los términos que prevé el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación; en caso de que el Comité no emite su opinión dentro del plazo mencionado, se considerará como un esquema fiscal válido.

En relación con lo anterior, tanto los asesores fiscales como los propios contribuyentes contarán con la garantía constitucional de audiencia para que expongan sus motivos y explicaciones respecto al funcionamiento del esquema fiscal y para que sea tomado en cuenta en el estudio por parte del Comité. De igual modo, si los asesores o los contribuyentes consideran que la opinión del Comité es contraria o incorrecta, podrán ejercer los medios de defensa pertinentes en contra de dicha opinión.

No se ha definido aun cuándo entrará en vigor la obligación de revelar los esquemas reportables a la autoridad fiscal, sin embargo, se prevé que comience a ser efectiva a partir del 1 de julio de 2020. Por último, cabe señalar que deben revelarse tanto los nuevos esquemas reportables que se realicen a partir de esta fecha, así como los que hayan comenzado a implementarse en ejercicios anteriores sólo cuando sigan teniendo efectos a partir de la referida fecha.

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