PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA FISCAL


PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA FISCAL

Por: Emiliano Arce Tello.

Los principios generales de derecho son ideas jurídicas fundamentales que han alcanzado cierto grado de objetivación, los cuales, cuando son reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alcanzan la categoría de principios constitucionales. En ese sentido, para que una determinada materia jurídica sea constitucional, debe ser posible que el operador jurídico rastree su génesis en la Constitución, de lo contrario, no sería una materia permitida por el ordenamiento jurídico mexicano.

El derecho fiscal tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 31, fracción IV, el cual estipula lo siguiente:

“Artículo 31: Es obligación de los mexicanos: […]

  1. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

Este artículo es la base de los principios constitucionales del derecho fiscal; y, de un análisis que se realice al mismo, se pueden desprender todos los principios constitucionales que se desarrollarán a continuación:

Principio de constitucionalidad en estricto sentido:

Uno de los principios esenciales del derecho fiscal es el de constitucionalidad, el cual implica que la relación jurídico-tributaria entre el fisco y el particular no solo debe estar regulada en la ley, sino que también debe de estar fundamentada en los preceptos constitucionales (Artículo 31, fracción IV), también debe existir una subordinación de la norma fiscal a la Constitución.

Principio de Generalidad:

El principio de Generalidad implica –en principio– que todas las personas estamos obligadas a contribuir al gasto público. Sin embargo, este principio no lo debemos de entender de forma absoluta; sino que solo van a contribuir, aquellas personas con la capacidad contributiva para hacerlo, es decir, aquellas que actualicen los supuestos de causación del impuesto, siempre que éste cumpla con los demás principios que se exponen en el presente artículo.

Este principio tiene su fundamento en la parte del artículo 31 anteriormente citado, que indica: “Es obligación de los mexicanos”, lo cual ha sido interpretado como que “todos” los mexicanos, que se coloquen en el supuesto, tendrán la obligación de contribuir al gasto público.

Es importante mencionar, que no sólo los mexicanos contribuyen al gasto público en México, los extranjeros ubicados en los supuestos jurídicos de causación de los impuestos de nuestro país, también deberán contribuir, sin embargo, no es objeto del presente artículo abundar al respecto.

Principio de obligatoriedad:

La obligatoriedad significa que toda persona situada en una hipótesis normativa prevista en alguna ley tributaria tendrá la obligación de contribuir.

Implica un deber ciudadano de orden público. No es una donación o aportación voluntaria.

Principio de vinculación al gasto público:

La finalidad de los ingresos tributarios del Estado es costear los gastos públicos. Esto implica una obligación a cargo del Estado, a utilizar los tributos para su verdadero fin y tener total transparencia con los ciudadanos respecto de cuál fue el destino que se le otorgó a esos recursos.

Principios de proporcionalidad:

El principio de proporcionalidad se refiere a una correcta proporción entre las cuotas, tasas o tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica/contributiva del sujeto obligado.

Esto se traduce en que, las personas que perciban ingresos elevados deberían tributar proporcionalmente de una manera superior a aquellas personas que perciben medianos y pequeños ingresos.

Principio de equidad:

El principio de equidad va de la mano con la igualdad y el principio de proporcionalidad. Estipula que los tributos deberán tener el mismo impacto para todas las personas que se encuentren en la misma situación frente al ordenamiento, es decir, todos deben recibir un trato igualitario en cuanto a las hipótesis de causación, ingresos gravables, deducciones, plazos de pago, etc.

Diferencia entre el principio de proporcionalidad y equidad:

Proporcionalidad Equidad
Vinculado con la economía del país. Se relaciona con la posición del contribuyente frente a la autoridad fiscal.
Atiende a las tasas. Atiende a los demás elementos del tributo.
Se basa en el criterio de progresividad. Se basa en la igualdad contributiva
Busca la desigualdad, ya que afecta en mayor medida a las personas con mayor ingreso. Tratar igual a los iguales y en forma desigual a los desiguales.
Atiende a la percepción de ingresos. Atiende a que se encuentren obligados a determinada situación los que se hallen en los supuestos legales.
Regula la capacidad contributiva. Atiende a las hipótesis normativas de nacimiento.
Capacidad contributiva. Los sujetos pasivos de un mismo tributo, deben ser tratados iguales ante la ley.

Principio de legalidad:

El principio de legalidad dispone que toda relación jurídico-tributaria debe tener su fundamento en un marco legal que establezcan las leyes. El principio de legalidad deriva del aforismo latino “nullum tributum sine lege”, el cual significa que no puede existir tributo válido, sin ninguna ley que le de origen. En específico por lo que se refiere a los elementos esenciales del tributo, esto es: sujeto, objeto, tasa, tarifa, cuota y época de pago.

Principio de seguridad jurídica:

El principio de seguridad jurídica es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, el cual busca que el contribuyente, jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica, indefensión y velando siempre por los derechos humanos. El sujeto pasivo debe saber siempre a qué se está ateniendo, es decir, debe saber cuáles son sus derechos y hasta donde llegan sus obligaciones tributarias.[1]

En conclusión, todos los principios anteriormente desarrollados sirven para que los contribuyentes puedan defenderse ante el actuar irregular de los legisladores al momento de crear un nuevo tributo que no cumpla con cualquiera de estos. Y fungen como el marco constitucional bajo el cual deben regirse todos los actos de las autoridades fiscales de nuestro país.

[1] “Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2002649

SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en “saber a qué atenerse” respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la existencia de un ordenamiento tributario, partícipe de las características de todo ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación del fenómeno tributario y su conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal o de “seguridad a través del Derecho”.”

 

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