SCJN AVALA LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR INFORMACIÓN CON FINES FISCALES SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL, YA QUE ESTIMÓ QUE NO VULNERA EL DERECHO A LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS.


SCJN AVALA LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR INFORMACIÓN CON FINES FISCALES SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL, YA QUE ESTIMÓ QUE NO VULNERA EL DERECHO A LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS.

Por: Lic. José Julián Villegas Sol.

El pasado 11 de mayo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo en Revisión No. 470/2021, turnado a la ponencia de la Ministra Ana María Ríos Farjat, por virtud del cual estimó que la facultad de las autoridades fiscales para requerir información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario, sin mediar autorización judicial, no viola el derecho a la privacidad de las personas.

¿Qué es el Secreto Bancario?

El secreto bancario o financiero forma parte de la protección constitucional a la vida privada tutelado por el derecho a la seguridad jurídica protegido por el primer párrafo del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[1], y regulado por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para una mejor compresión por parte del lector, resulta relevante transcribir el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, mismo que a la letra señala lo siguiente:

Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado.

Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:

(…)

  1. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;”

(Énfasis añadido)

Mediante el citado precepto, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes, la información y documentación de los usuarios del sistema financiero, tendrá el carácter de confidencial. Esto es, que las instituciones de crédito tienen la prohibición de proporcionar información que se encuentra relacionada con los depósitos, operaciones y servicios de los cuentahabientes, sin embargo dicho numeral prevé dos tipos de excepciones al reconocido secreto bancario, a saber:

a.  La prevista en el segundo párrafo, consistente en que la información y documentación sea solicitada por una autoridad judicial dentro de un proceso donde el titular forme parte del juicio o fuere el acusado.

b.  La prevista en las fracciones I a IX del citado precepto, consistente en un listado de autoridades, las cuales se encuentran facultadas para solicitar información bancaria de los usuarios, de entre las cuales destaca la fracción IV, siendo las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales.

Bajo esa tónica, mediante el Amparo en Revisión No. 470/2021 turnado a la ponencia de esa Ministra, se planteó que la facultad prevista en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito violaba el derecho a la intimidad o privacidad de los usuarios bancarios ya que permite que las autoridades hacendarias federales tengan acceso a la información y documentación relacionada con los depósitos, operaciones y servicios, sin que medie autorización judicial previa, esto, en contravención al secreto bancario o financiero que ostentan los gobernados.

Resolución de la Primera Sala de la SCJN en relación con el R.A. 470/2021 mediante sesión de fecha 11 de mayo de 2022.

En la sesión de fecha 11 de mayo de 2022, se resolvió el Amparo en Revisión No. 470/2021, en la cual la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal estudió la constitucionalidad dela facultad de las autoridades hacendarias a solicitar información y documentación a las instituciones de crédito y superar el secreto bancario o financiero, sin necesidad de contar con una orden judicial, de conformidad con el derecho a la seguridad jurídica en su vertiente de derecho a la privacidad o intimidad reconocido en el primer párrafo del artículo 16, de la Carta Magna.

En primer lugar, la Primera Sala resolvió que el derecho a la vida privada, previsto en el artículo 16 Constitucional, no es absoluto y puede ser restringido por el Estado siempre que la medida no sea abusiva ni arbitraria. Para poder determinar dicha situación, el Tribunal Constitucional establece tres criterios:  i) estar prevista en ley; ii) perseguir un fin legítimo; y, 3) ser idónea, necesaria y proporcional.

Respecto del primero de los requisitos, la Primera Sala estima que la restricción mencionada cumple con el citado requisito, toda vez que se encuentra prevista en una norma formal y materialmente legislativa, es decir, el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de crédito.

Ahora bien, por lo que hace a la segunda de las exigencias, ese Alto Tribunal argumenta que el artículo 142, fracción IV de la multicitada Ley persigue un fin legítimo, ya que dicha potestad se encuentra encaminada a que las autoridades hacendarias verifiquen y corroboren el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, lo cual, es una cuestión de orden público e interés social.

Finalmente, esa Primera Sala arguye que la norma reclamada es idónea para obtener información bancaria de determinadas personas para fines fiscales, estimando que es necesaria ya que no existe otra forma menos invasiva en que las autoridades hacendarias pudieran acceder a la información y documentación bancaria de los contribuyentes, además de que es proporcional porque tiene lugar dentro del marco del ejercicio de las facultades de la autoridad fiscalizadora de comprobar el cumplimiento de la obligación constitucional de los ciudadanos de contribuir al gasto público.

Sobre esa línea, en la citada sesión, esa Primera Sala resolvió que la facultad prevista en el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, consistente en que las autoridades hacendarias requieran a las Instituciones de Crédito la información y documentación relacionada con los depósitos, operaciones y servicios de los usuarios bancarios, no es contraria al texto constitucional, pues si bien el artículo 16 protege el derecho a la privacidad, la facultad de las autoridades fiscalizadoras para obtener la citada información sin autorización judicial persigue una finalidad legitima, se encuentra en ley, y satisface los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Requerimiento de estados de cuenta y contratos de los contribuyentes efectuado a las Instituciones de Crédito durante el ejercicio de algún procedimiento relativo a las facultades de comprobación.

Cabe aclarar, que si bien la Corte avaló la excepción al secreto bancario con que cuentan las autoridades fiscales para obtener información y documentación bancaria de los contribuyentes sin que medie autorización judicial, esto no las excluye de tener que cumplir con la obligación de dar vista al contribuyente para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo de quince días, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 63,  del Código Fiscal de la Federación.

En aras de lograr una mejor comprensión por parte del lector, resulta conveniente traer a colación el contenido del mencionado precepto, a saber:

Artículo 63.-

(…)

Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den a conocer tales expedientes o documentos, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo correspondiente.”

Del artículo en cita, se advierte que cuando autoridades diversas proporciones expedientes o documentos a las autoridades fiscales, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den a conocer tales expedientes o documentos, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo correspondiente.

En ese sentido, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la facultad de las autoridades hacendarias para requerir a las Instituciones de Crédito la información y documentación bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, dichas exactoras deben de cumplir con la obligación prevista en el artículo 63, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Es decir, una vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le proporcione los estados de cuenta, contratos y demás documentación del contribuyente a la autoridad fiscalizadora, esta deberá conceder el plazo de quince días al contribuyente para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga respecto de la documentación e información en comento, de lo contrario, se vulneran los derechos de legalidad y seguridad jurídica, así como el principio de debida fundamentación y motivación que ostentan los contribuyentes.

Finalmente, resulta menester señalar que, en caso de actualizarse dicho vicio de legalidad en perjuicio del contribuyente, éste podría impugnarlo mediante un agravio o concepto de impugnación -dependiendo el medio de defensa ante el cual nos encontremos- en el que se argumentaría que nos encontramos ante una violación de fondo, razón por la cual la autoridad fiscalizadora no podría reponer el procedimiento.

Lo anterior, ya que, de lo contrario, se estaría dando una nueva oportunidad a la autoridad hacendaria para subsanar los vicios cometidos, lo cual evidentemente transgrediría el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 16 Constitucional.

Conclusiones

La decisión de la Primera Sala no amplió las facultades de las autoridades hacendarias ya que únicamente confirmó que la potestad de requerir a las instituciones bancarias los estados de cuenta, contratos y operaciones de los contribuyentes, es constitucional ya que no viola el derecho a la privacidad o intimidas previsto en el artículo 16 Constitucional, práctica que ya venía ocurriendo con antelación.

En ese sentido, cuando las autoridades hacendarias requieran a las instituciones bancarias información y documentación de los contribuyentes, continuaran teniendo que cumplir con la obligación prevista en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, consistente en conceder un plazo de quince días al contribuyente para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de dicha documentación.

 

 

 

[1] SECRETO FINANCIERO O BANCARIO. ES PARTE DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA DEL CLIENTE O DEUDOR Y, POR TANTO, ESTÁ PROTEGIDO POR LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA EN SU VERTIENTE DE DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD”.

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